El diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, presentó un proyecto de ley por el que obliga a los sacerdotes que confiesen abusos de menores a denunciar al penitente.

Técnicamente se trata de una reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia presentado el pasado martes 21 de mayo en la Asamblea Legislativa

El vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Mauricio Granados, advierte que esta medida supone un peligro para la libertad religiosa y “poco o en nada ayudará a la administración de justicia en perseguir al posible autor de un delito”.

El arzobispo José Rafel Quirós mostró abiertamente su oposición:

“Aunque se ponga en riesgo la vida del sacerdote no se debe de revelar el secreto de confesión”

Por su parte, el vocero de la diócesis de Alajuela, Sixto Varela, señaló lo siguiente:

“Pienso que todo sacerdote jamás podrá ceder ante una ley como esta. Me parece que violar el sigilo sacramental, que para nosotros los católicos es muy importante, sería una falta de respeto hacia las personas que se acercan con arrepentimiento”

¿Qué es el sigilo sacramental?

• Es la garantía que tiene el penitente de que su confesión jamás será revelada, ni siquiera por instancia judicial.
• Es una garantía necesaria para que muchos se acerquen al sacramento de la reconciliación buscando el perdón y la reparación. Es el momento en el que el penitente abre su conciencia a Dios, por eso el deber del sacerdote -intermediario- de respetar ese momento sagrado.

¿Qué es lo que sí deben de hacer los sacerdotes y ya hacen?

• Advertir al abusador que su delito es muy grave y que debe de reparar y entregarse a la Justicia
• En caso de conocer los hechos fuera de confesión, el sacerdote no está sometido al sigilo sacramental y puede denunciar los hechos.
• En el caso de menores abusados informarles que ellos no han hecho nada malo y recomendarles que hablen con un adulto de su confianza para relatarles los hechos y en su caso, denunciarlos.

¿Qué pasaría si finalmente la ley fuese aprobada?

• Que los sacerdotes se enfrentarían a una contradicción imposible entre la ley civil y la ley canónica
• En conciencia deberán de optar por la ley canónica asumiendo los costes civiles y penales del incumplimiento

En definitiva, una amenaza a la libertad religiosa que no ayuda a combatir el grave problema de los abusos

Para más información:

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