Petición a: Congresistas @Charoguerra y @Sanvalgo
Retiren el Proyecto de ley de alquiler de Vientres
Retiren el Proyecto de ley de alquiler de Vientres
El 26 de Julio de 2016 la senadora María del Rosario Guerra y el representante a la Cámara Santiago Valencia presentaron el proyecto de ley 26 de 2016 Cámara por medio del cual se proponía la prohibición de la práctica del Alquiler de Vientres. El proyecto la definía como “la contratación de una mujer para gestar un bebé, entregarlo a los solicitantes y renunciar a todos los derechos sobre el recién nacido”, y la tipificaba bajo los delitos de tráfico de personas y tráfico de órganos.
El proyecto original era una excelente y muy necesaria iniciativa. No obstante, en el primer debate y a causa de la oposición de otros congresistas como Álvaro Hernán Prada y Angélica Lozano el proyecto fue tergiversado y terminó convertido en un proyecto que reglamente la “maternidad subrogada” y la prohíbe solamente cuando se realiza con un fin lucrativo. En el debate de la plenaria de la Cámara incluso se llegó a aprobar que las parejas del mismo sexo accedieran al procedimiento de alquiler de vientres.
Así el proyecto de ley se ha vuelto en justo lo contrario de lo que fue propuesto inicialmente. En el negocio del alquiler de vientres el lucro es frecuentemente disimulado bajo compensaciones y el pago de los costos en que incurre la mujer que alquila su útero. Por el contrario, esta nueva versión del proyecto cubre con un manto de legalidad la práctica que, con o sin lucro de por medio, implica las mismas violaciones a la dignidad humana de las mujeres instrumentalizadas y de los niños comercializados con el procedimiento.
Firma ahora, y ayúdanos a convencer a los congresistas María del Rosario Guerra (@Charoguerra) y Santiago Valencia (@Sanvalgo) que por coherencia con lo que presentaron inicialmente, retiren el proyecto de ley 26 de 2016 Cámara – 241 de 2017 Senado.
Completa tu firma
¡Firma esta petición ahora!
Petición a: Congresistas @Charoguerra y @Sanvalgo
Honorables Congresistas
María del Rosario Guerra y Santiago Valencia
Hemos seguido en detalle el trámite del proyecto de ley 26 de 2016 Cámara – 241 de 2017 Senado, que buscaba prohibir la práctica del alquiler de vientres en Colombia y tipificarlo como un caso de tráfico de personas y de órganos.
El proyecto original era una iniciativa muy valiosa y muy necesaria en nuestro país, amenazado con convertirse en otro destino preferido por parejas del primer mundo para alquilar los vientres de mujeres en situación de pobreza y obtener para ellos un hijo “por contrato”. Sin embargo, en el transcurso de los debates que el proyecto de ley ha superado, hemos visto cómo el proyecto de ley de su autoría se ha ido desfigurando hasta quedar prácticamente irreconocible, pues actualmente pretende justo lo contrario a la propuesta inicial.
Tal como está ahora, el proyecto de ley no sólo no logrará impedir el alquiler de vientres, que en muchos países se lleva a cabo disimulando el lucro bajo el pago de compensaciones y costos propios del procedimiento, como el bienestar de la mujer gestante, sino que de paso se cubre con un manto de legalidad la práctica que, con o sin lucro de por medio, implica violaciones a la dignidad humana de las mujeres instrumentalizadas y de los niños comercializados.
Reconocemos y valoramos la intención de ambos congresistas con esta iniciativa, y por ello mismo, les solicitamos que en coherencia con esa misma intención inicial retiren el proyecto de ley. Les recordamos que según la Doctrina de la Iglesia Católica “si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social.” No tiene sentido que por prohibir unos pocos de estos procedimientos se termine colaborando con los demás.
Petición a: Congresistas @Charoguerra y @Sanvalgo
Honorables Congresistas
María del Rosario Guerra y Santiago Valencia
Hemos seguido en detalle el trámite del proyecto de ley 26 de 2016 Cámara – 241 de 2017 Senado, que buscaba prohibir la práctica del alquiler de vientres en Colombia y tipificarlo como un caso de tráfico de personas y de órganos.
El proyecto original era una iniciativa muy valiosa y muy necesaria en nuestro país, amenazado con convertirse en otro destino preferido por parejas del primer mundo para alquilar los vientres de mujeres en situación de pobreza y obtener para ellos un hijo “por contrato”. Sin embargo, en el transcurso de los debates que el proyecto de ley ha superado, hemos visto cómo el proyecto de ley de su autoría se ha ido desfigurando hasta quedar prácticamente irreconocible, pues actualmente pretende justo lo contrario a la propuesta inicial.
Tal como está ahora, el proyecto de ley no sólo no logrará impedir el alquiler de vientres, que en muchos países se lleva a cabo disimulando el lucro bajo el pago de compensaciones y costos propios del procedimiento, como el bienestar de la mujer gestante, sino que de paso se cubre con un manto de legalidad la práctica que, con o sin lucro de por medio, implica violaciones a la dignidad humana de las mujeres instrumentalizadas y de los niños comercializados.
Reconocemos y valoramos la intención de ambos congresistas con esta iniciativa, y por ello mismo, les solicitamos que en coherencia con esa misma intención inicial retiren el proyecto de ley. Les recordamos que según la Doctrina de la Iglesia Católica “si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social.” No tiene sentido que por prohibir unos pocos de estos procedimientos se termine colaborando con los demás.
