A LA VIOLENCIA Y A LA CORRUPCIÓN LOS CIUDADANOS NO LE MARCHAMOS; A LA DEMOCRACIA Y A LA CONSTITUCIÓN, SÍ.

A LA VIOLENCIA Y A LA CORRUPCIÓN LOS CIUDADANOS NO LE MARCHAMOS; A LA DEMOCRACIA Y A LA CONSTITUCIÓN, SÍ

A LA VIOLENCIA Y A LA CORRUPCIÓN LOS CIUDADANOS NO LE MARCHAMOS; A LA DEMOCRACIA Y A LA CONSTITUCIÓN, SÍ.

Ante la amenaza a la democracia, respondemos con acción ciudadana.

El anuncio del presidente Petro consistente en convocar mediante decreto una

consulta popular sin concepto previo favorable del Senado, y más exactamente, en

contravía de la decisión de la plenaria, es el aviso público de una gravísima

arbitrariedad que asedia a la democracia colombiana de manera inminente con la

ruptura de sus instituciones.

No sólo viola de manera inequívoca el artículo 104 de la Constitución sino que

también transgrede principios como la supremacía constitucional, el Estado de

derecho, la división de poderes, y derechos políticos fundamentales de los

ciudadanos, conductas que aunadas develan la ejecución de un plan.

Un plan para dar un golpe de Estado porque además viola las funciones y

competencias propias del ejecutivo, invade las de la rama legislativa del poder

público y usurpa judiciales.

Es imposible exagerar la gravedad de lo que se nos ha notificado.

El presidente Petro no ha propuesto una consulta al Senado sino que la ha

blandido empuñando arma blanca en la plaza pública, amenazando a quien opine

distinto y señalando con nombre propio a quienes deben adoptar decisiones en

representación del pueblo, consultando la justicia y el bien común.

A la violencia y a la corrupción los ciudadanos no le marchamos; a la

democracia y a la Constitución, sí.

El asedio a la democracia constitucional ha llegado a tan elevada temperatura que

exige acción ciudadana en ejercicio de los derechos políticos y en cumplimiento de

los deberes cívicos.

No nos vamos a dejar rapar la Constitución. No será con la omisión ciudadana que

nos atropellen impunemente.

Por todo lo anterior, quienes suscribimos esta comunicación invitamos a todos

nuestros conciudadanos y a los servidores públicos a observar, reflexionar y actuar

de manera responsable y cuidadosa para rechazar la arbitrariedad y la ilegalidad

en todo momento y oportunidad.

Si el presidente Petro expide el ostensiblemente ilícito decreto, respaldaremos la

solicitud al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para que, ante

la incompatibilidad de ese acto administrativo con la Constitución, aplique las

disposición constitucional que exige el concepto favorable del Senado e inaplique

el decreto.

La democracia necesita ciudadanos.