La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal promulgó una ley que establece que, en los actos públicos provinciales, cada vez que se hagan menciones sobre el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), se deberá acuñar “el término dictadura cívico militar” y convalidar el número 30.000 a la expresión “desaparecidos” en ese período.

Esta normativa se publicó el 22 de mayo en el Boletín Oficial bonaerense, después de la sanción de la legislación respectiva, con esa disposición obligatoria, en la última sesión de la Legislatura provincial.

Conla aceptación del Ejecutivo para su promulgación, la ley 14.910 comenzará su aplicación a resguardo de polémicas a nivel nacional que involucraron, por alguno de sus dichos al propio Mauricio Macri:

“Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30.000. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.

La propuesta, ahora con vigencia, fue impulsada por el senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria:

Hace meses, la saga de opiniones dispares había empezado con el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, al afirmar que “en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”.

Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y madre de un hijo desaparecido, se refirió sobre el tema el último 24 de marzo.

“Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. Uno era una necesidad, donde para argüir que había un genocidio se dijo lo de los 30.000. Y el otro es el que está documentado. Pasaron los años, se acabó el miedo. ¿Me van a decir que hay 20 mil familias que no han denunciado la desaparición de un miembro? Explíquenme cómo, por favor”.

La cantidad de víctimas desaparecidas fue simbolizada por las organizaciones de derechos humanos, en plena dictadura, para alertar al mundo sobre la situación que se estaba viviendo.

El mismo vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, se sumó a las críticas y al cuestionamiento sobre esta ley provincial, en sus declaraciones sostuvo:

"Establecer una verdad con una ley no corresponde y es algo que no comparto bajo ningún punto de vista".

De esta manera, el radical que integra el frente de Cambiemos coincidió con la mirada del Arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer que en el Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo, había dicho:

"Se impuso un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura".

La desaparición de una sola persona es un hecho aberrante que no puede ni debe justificarse. Mentir exagerando arbitrariamente el número de personas desaparecidas es manipular políticamente la historia y le quita seriedad a la tragedia vivida durante la década del 70 en Argentina.

Pedile a la Gobernadora Vidal que no ceda ante las presiones de inventar números, tal como nos tenían acostumbrados gestiones anteriores.

¿Acaso quiere seguir con el relato K?

¿Dónde queda la libertad de expresión?

Decir que la cantidad de desaparecidos durante la Guerra contra la Subversión fue de 30.000 es una mentira no avalada por ningún análisis histórico y niega a las generaciones venideras la posibilidad de conocer la verdadera historia.

El Gobierno actual hace gala de “decir la Verdad” sea esta buena o mala. OBLIGAR A MENTIR es ir en contra de todo lo que propusieron al Pueblo para ser electos.

Para más información:

https://www.clarin.com/politica/ley-provincia-debe-hablarse-oficialmente-30-mil-desaparecidos_0_H1XG11bZW.html

http://www.lanacion.com.ar/2027454-aguer-critico-la-ley-que-obliga-a-hablar-de-30000-desaparecidos