Las FARC han iniciado una gran persecución contra la Iglesia Católica. El grupo subversivo expulsó en Octubre a seis sacerdotes católicos en zona rural del Bajo Putumayo y Cauca, la restricción se dio en especial en la zona rural de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo. El obispo de Mocoa-Sibundoy, monseñor Luis Alberto Parra, denunció el hecho señalando que “En el manual de convivencia de las Farc que está en la zona, han pedido que cerremos los templos, que no visitemos veredas, que no prediquemos, que no celebremos nada religioso”. "(E)n principio la prohibición era por toda la semana", pero tras el reclamo de los habitantes de los poblados de Puerto Guzmán y Puerto Asís, la guerrilla permitió celebrar la santa eucaristía en el casco urbano únicamente los fines de semana y la prohibición continua en las veredas (zonas rurales).

Esta es la segunda persecución que sufrimos los ciudadanos católicos; la primera fue a mediados del siglo XIX cuando el Estado expropió los bienes eclesiásticos, expulsó obispos y hostigó a los presbíteros, pero jamás condenó a muerte a los sacerdotes que celebraran la Eucaristía. La actual persecución sigue los pasos de Nerón, del comunismo soviético de Stalín y el general ruso Timochenko y sobre todo, imita a los kemeres rojos de Camboya, guerrilleros de la selva que al llegar a la ciudad masacraron a dos millones de ciudadanos, hace medio siglo.

La persecución religiosa que también afecta a los miembros de otras confesiones, constituye un crimen de lesa humanidad porque ataca directamente a personas inocentes e inermes que dedican su vida a sembrar amor y paz. También desconoce los ingentes y sacrificados esfuerzos de nuestros obispos para buscar el perdón y la reconciliación. La paz de la Habana con persecución religiosa es un falso positivo.

Convocamos a la ciudadanía para defender la libertad religiosa y para luchar contra la persecución religiosa de las FARC.